Mediación penal y la persona jurídica

Abstract

El art. 31 bis del Código Penal (LA LEY 3996/1995) español (CP), en virtud de dicha reforma, introdujo en España la posibilidad de que una persona jurídica fuera penalmente responsable. Hasta la promulgación señalada, eran los administradores de las empresas los que respondían penalmente por aquellos hechos cometidos a título individual y como consecuencia del ejercicio del cargo que ocupaban. Si el objetivo de la mediación es resolver un conflicto existente entre dos partes (en otras palabras, alcanzar un acuerdo satisfactorio) y mejorar las relaciones entre ellas (por ejemplo, entre un trabajador y su empresa), no parece que exista inconveniente en admitir la participación de personas jurídicas en mediaciones, pese a las singulares características de la mediación penal intrajudicial que elimina el principio de disposición sobre el objeto de la mediación en la medida en que en nuestro ordenamiento no rige el principio de oportunidad, como desarrollaremos posteriormente. En la práctica existente en nuestro país, está firmemente arraigada la mediación entre empresas en el ámbito civil-mercantil. Asimismo, se admite la participación de las personas jurídicas como posibles víctimas en una mediación, pero hasta la mencionada reforma, no podía plantearse la posibilidad de que participaran como supuestos autores de un delito. La resolución alternativa de conflictos en el ámbito penal en la que intervengan personas jurídicas proyecta toda una serie de cuestiones de carácter práctico cuya solución no ha sido ni legal ni jurisprudencialmente abordada por su carácter incipiente, y por eso de esta investigación.